¿Puede existir un real Open government sobre infraestructuras propietarias?

¿Puede existir un real Open government sobre infraestructuras propietarias? ¿O al menos podría existir un sector que aprovechara los datos públicos para crear más riqueza sobre formatos cerrados o basado en herramientas propietarias?

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Dato público sobre infraestructuras propietarias
Para los que no les parezca un hecho evidente afirmemos lo contrario:

Se puede hacer el open government con herramientas propietarias. y/o formatos cerrados.

todo esto en un contexto innegable donde se ha identificado la explotación por particulares de los datos públicos como  fuente de riqueza para la sociedad,(Ver informe MEPSIR).

Un ejemplo

Para facilitar la comprensión de lo que la pregunta inicial supongo tomemos un ejemplo. Supongamos que las compañías eléctricas  (unos  proveedores de un bien básico de la sociedad) recomendaran que la electricidad en lugar de ser a 220 v y 50 Hz  como es actualmente debería cambiar a una versión más actual (p.e. 165 V y 85Hz)  y callaran que como ese nivel y frecuencia lo tienen registrado debería pagarseles un canon, dárseles una exclusiva o simplemente que para conectarse a la luz forzósamente hubiera que comprar una licencia suya ¡Por utilizar un nivel eléctrico que ellos mismos han condicionado!. 

Consecuencias
Se nos hacen bastantes evidentes las consecuencias que tendrían para la economía una situación como la anterior. En el ámbito del dato público utilizar herramientas propietarias o bien estándares cerrados es el equivalente del ejemplo anterior.
Es decir estos fabricantes, mediante la eliminación del soporte a versiones antiguas, podrían condicionar de que manera y cuando se utiliza el dato público.

Lógicamente aquellos que quisieran crear riqueza y valor a partir del dato  sufrirían dos condicionantes: 

- Tendrían que asumir el pago a un intermediario que no aporta valor al proceso de publicación del dato público.

- Su capacidad de innovación quedarían limitada a lo que el permiso legal de estos fabricantes otrogara.

Entre otras podrían calificarse efectos como:

1) La capacidad de generación de valor para la sociedad estaría condicionada/limitada  por unos agentes que proveen las infraestructuras 

2) Sería una cesión de la soberanía pública, ya que los gestores públicos deberían consultar a los poseedores de la propiedad intelectual de sus infraestructuras que posibilidades de modificación estarían disponibles.
3) Las administraciones públicas se convierten en agentes comerciales gratuitos para determinadas soluciones o formatos propietarios de un fabricante en detrimento del resto.

Este escenario por más que parezca poco deseable es enormemente cercano a la realidad y por más que la legislación (LAECSP, Ley 37/2007, Esquema nacional de interoperabilidad) avale lo contrario, la utilización de herramientas libres y estándares abiertos, dista mucho de estas recomendaciones como puedes ver en el catálogo de datos públicos recientemente publicado.

Veremos si la presión de la legalidad corrige la situación actual.